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Mediación familiar obligatoria

hace un mes


Como una forma de descongestionar los tribunales de familia, la Ley 20.286 establece en Chile, entre otras medidas, la mediación obligatoria previa a la interposición de la demanda en determinadas materias de familia. 
La implementación de la mediación en nuestra legislación de familia obedece a la entrada en vigencia de la Ley 19.947 de Matrimonio Civil, que incorpora la mediación en materia de familia, cuya finalidad es recomponer el vínculo matrimonial y sólo cuando ello no sea posible se hará cargo de regular los temas que surgen como consecuencia de la ruptura. Luego la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, en su Título V trata de la mediación familiar, definiendo a la mediación en su artículo 103 como aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. Esta Ley establecía la posibilidad de recurrir a la mediación sólo si las partes lo solicitaban o lo aceptaban a propuesta del juez, es decir, procedía la mediación una vez ingresada la demanda. 
Como una respuesta al alto nivel de congestión existente en los tribunales de familia en Chile, fundamentalmente luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.96830, que estableció un cambio en los procedimientos de familia, se dictó la Ley 20.286, la que buscó resolver la gran carga de trabajo existente en ese momento en los tribunales de justicia, derivada del alto número de ingresos existentes, los que sin duda superaron las expectativas del legislador con la puesta en marcha de la Ley 19.968. La Ley 20.286 incorpora una serie de reformas orgánicas destinadas a resolver dicha situación, entre ellas, el aumento del número de jueces y funcionarios del Poder Judicial, y otras de orden procedimental, como la asistencia de abogado obligatoria y un control de admisibilidad de las demandas. Se establece, además, un sistema de mediación familiar, la que se permite en algunos casos y se prohíbe en otros, y se incorpora la mediación obligatoria previa a la interposición de la demanda en determinadas materias de familia, entre las que se incluye el derecho de alimentos, el cuidado personal y la relación directa y regular.
En cuanto a la mediación esta ley establece que los acuerdos alcanzados ante un mediador, si son aprobados por el juez, tienen el mismo valor jurídico que una sentencia. Si las partes no llegan a acuerdo, la mediación se frustra y se retoma el curso normal del juicio. Como se deduce de lo antes mencionado, una vez logrado el acuerdo, el mediador debe presentarlo al juez para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho.
Uno de los principios que ha caracterizado a la mediación desde sus orígenes es la voluntariedad, en virtud del cual las partes, por su propia voluntad, deciden someterse a un proceso de mediación familiar, con el fin de buscar juntos una solución a sus conflictos de familia. Este principio se manifiesta, además, en que las partes son partícipes del proceso, elaborando sus propias soluciones y con la posibilidad de retirarse de la mediación en cualquier momento.

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